Honduras: ce n'était pas un coup d'État

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Honduras: no fue golpe

Juan Carlos Hidalgo – Le 10 juillet 2009.

Lo que pasó en Honduras el 28 de junio no fue un golpe militar. Fue la destitución constitucional de un presidente que abusó de su poder y trató de pasar por encima de las instituciones democráticas de su país para mantenerse en la presidencia. El grado en que dicho incidente ha sido mal reportado es verdaderamente impresionante. Aquí hay algunos datos incuestionables.

Primero que todo, la decisión de remover al presidente Manuel Zalaya de su puesto no fue tomada por los militares. Fue la Corte Suprema del país la que de manera unánime ordenó a las fuerzas armadas el 26 de junio arrestar al presidente bajo los cargos de “traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones”.

La constitución hondureña no establece ningún procedimiento de juicio político por parte del Congreso. No obstante, en el 2003 se enmendó la misma de tal forma que se le dio a la Corte Suprema, y no al Congreso, la responsabilidad de conocer los procesos iniciados en contra “de los más altos funcionarios del Estado”. Esta enmienda también eliminó el beneficio de la inmunidad del cual se habían beneficiado hasta ese entonces las autoridades políticas. Por lo tanto, el presidente estaba sujeto a un proceso judicial al igual que cualquier otro ciudadano.

También es importante indicar que luego de la salida de Zelaya, las fuerzas armadas no obtuvieron o retuvieron el poder. El Congreso hondureño, como está especificado en la constitución, prontamente juramentó en la presidencia al presidente del Congreso. De manera que el poder se mantuvo en manos de civiles. Las fuerzas armadas simplemente ejecutaron una orden de la Corte, como está previsto en la constitución.

La constitución hondureña se distingue de otras constituciones latinoamericanas debido a su repetido énfasis en los límites a los periodos presidenciales. Debido al pasado autoritario del país, cuando tanto las dictaduras civiles y militares eran la norma, la constitución hondureña prohíbe cualquier tipo de reelección presidencial.

El documento es muy claro acerca de esto: El Artículo 4 establece que los intentos de violar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia constituyen una “traición a la Patria”. El Artículo 42.5 incluso dice que cualquier persona que incite, promueva o apoye la reelección presidencial perderá su ciudadanía.

Y el Artículo 239 dice que cualquier persona que haya desempeñado el ejercicio de la presidencia no podrá ser presidente o vice-presidente de nuevo. Además, señala que el individuo que ocupe esa posición y “quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”. Añado las itálicas para agregarle énfasis. Nótese el uso del término “de inmediato”.

También, la constitución hondureña estipula que el único mecanismo mediante el cual se le puede enmendar es a través de dos votos separados en el Congreso con mayoría absoluta (dos tercios).Sin embargo, el Artículo 375 afirma que bajo ninguna circunstancia se enmendar la constitución para permitir una reelección presidencial.

Zelaya estaba promoviendo un referéndum acerca de la necesidad de una nanueva constitución que abriría la puerta a su reelección.La consulta, que estaba programada para el día en que fue removido del poder, había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Elecciones, y había sido condenada por el Congreso y el fiscal general de Honduras.

Desde fines de mayo, el fiscal general había iniciado un expediente en contra del presidente por promover la consulta. La Corte Suprema notificó al presidente varias veces de que sus acciones estaban fuera de orden. Zelaya ignoró estas advertencias, y más bien ordenó a las fuerzas armadas hondureñas brindar la asistencia logística en la ejecución de su consulta ilegal. El jefe de las fuerzas armadas, cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema, se negó a obedecer. Zelaya lo despidió.

El Tribunal de Elecciones ordenó la confiscación de las papeletas y otros materiales electorales que iban a ser utilizados en la votación. Zelaya entonces lideró personalmente una turba que ingresó violentamente a una base de la fuerza aérea para llevarse los materiales que ahí estaban siendo custodiados.

Considerando las acciones deliberadas y reincidentes de Zelaya en contra de la constitución y del Estado de Derecho, el 25 de junio el fiscal general pidió su arresto a la Corte Suprema. Al siguiente día, la Corte de manera unánime emitió una orden de captura y pidió a las fuerzas armadas que la llevaran a cabo.

No obstante, algo salió mal. En lugar de arrestarlo, las fuerzas armadas expulsaron del país a Zelaya, desobedeciendo los términos de su orden de captura. Esto fue una clara violación de la constitución: El Artículo 102 protege al ciudadano de ser expatriado. El ejército dice que actuó de dicha forma para evitar enfrentamientos con los partidarios de Zelaya, quienes probablemente habrían intentado ingresar a la fuerza a las instalaciones en las que el depuesto presidente hubiera estado encarcelado.Eso habría resultado en un derramamiento de sangre y una perdida terrible de vidas.

Pero las fuerzas armadas actuaron ilegalmente, y la oficina del fiscal general ya ha iniciado una investigación contra las autoridades militares que decidieron expulsar a Zelaya. El ejército ha dicho que cumplirá con cualquier decisión de la Corte en este caso.

El Presidente Obama ha declarado que este “golpe” fue ilegal.Pero si hubiese leído la constitución hondureña o si por lo menos alguien le hubiese facilitado un breve análisis de los detalles de este documento—parece poco probable que podría sostener tal conclusión tan firme.

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Ce n'était pas un coup d'État

Juan Carlos Hidalgo – Le 14 juillet 2009. Ce qui s’est passé au Honduras le 28 juin dernier n'était pas un coup d'État militaire, mais la destitution constitutionnelle d'un président ayant abusé de ses pouvoirs et ayant tenté de renverser les institutions démocratiques de son pays afin de rester en poste.

La façon dont cet épisode a été déformé est vraiment remarquable. Voici pourtant quelques faits incontestables.

Tout d'abord, la décision de destituer le président Manuel Zelaya n'a pas été prise par les militaires. Ce fut la Cour suprême qui décida à l'unanimité d’ordonner à l'armée de destituer le président pour des accusations de « trahison, abus de pouvoir et usurpation de fonctions. »

La Constitution du Honduras n'établit pas de procédure de destitution par le Parlement. Toutefois, la Constitution a été amendée en 2003 pour donner à la Cour suprême, et non pas au Parlement, le devoir de gérer les procédures engagées à l’encontre « des plus hauts fonctionnaires de l'État. » Cet amendement a également éliminé l'immunité judiciaire dont les hauts fonctionnaires jouissaient jusque-là. Ainsi, le Président peut faire l'objet de poursuites judiciaires — comme tout autre citoyen.

Il est également important de noter que, après la destitution de Zelaya, l'armée n'a pas saisi ou conservé le pouvoir. Le porte-parole du Parlement hondurien a rapidement été investi des pouvoirs de président par la chambre, comme prévu par la Constitution. Par conséquent, le pouvoir est resté entre des mains civiles. L'armée a simplement appliqué une décision de justice, comme prévu dans la Constitution.

La Constitution du Honduras est atypique en Amérique latine en raison de son insistance sur les limites du mandat présidentiel. En raison du passé autoritaire du pays, où dictatures civiles et militaires se sont succédé, la Constitution hondurienne interdit toute forme de réélection présidentielle.

Le document est très clair à ce sujet : l'article 4 dispose que les tentatives de violation de l'alternance de la présidence constituent une « trahison ». L'article 42.5 indique même que toute personne qui incite, encourage ou soutient une réélection présidentielle perdra sa citoyenneté.

De plus, l'article 239 dispose que toute personne ayant occupé le poste de la présidence ne peut pas être président ou le Vice Président à nouveau. Mais encore, il indique que l’élu « qui viole cette disposition ou propose sa réforme, ainsi que ceux qui soutiennent une telle violation, directement ou indirectement, cesseront immédiatement leurs fonctions et ne pourront pas exercer de mandat public pour une période de 10 années. » (les italiques sont ajoutées pour attirer l'attention et on notera l'utilisation du mot « immédiatement »).

En outre, la Constitution du Honduras dispose que le seul mécanisme par lequel elle peut être modifiée est par deux votes séparés au Parlement, et à la majorité absolue de deux tiers des votants. Toutefois, l'article 375 dispose que, sous aucune circonstance la Constitution ne peut être modifiée pour permettre la réélection présidentielle.

Zelaya se faisait le chantre d'un référendum sur la nécessité d'une nouvelle constitution qui ouvrirait la porte à sa réélection. Le vote, ayant eu lieu le jour de son éviction, avait été déclaré illégal par la Cour suprême et le Tribunal électoral, et condamné par le Parlement du Honduras et du Ministre de la Justice.

Depuis la fin mai, le bureau du Ministre de la Justice faisait pression en faveur d’un procès contre le président pour son appel à un référendum. La Cour suprême a informé le président à plusieurs reprises que ses agissements étaient illégaux. Zelaya a ignoré ces mises en garde.

Au lieu de cela, il a ordonné aux forces armées du Honduras de fournir une aide logistique à l'exécution de son référendum illégal. Le chef de l'armée, conformément à la décision de la Cour suprême, a refusé d'obéir à l'ordre. Zelaya l’a aussitôt congédié.

Le Tribunal électoral a ordonné la saisie des bulletins de vote et autres documents électoraux qui allaient être utilisés pour le vote. Zelaya a alors personnellement pris la tête d'une foule allant assaillir la base aérienne où ces documents électoraux étaient conservés en vue de les récupérer.

Compte tenu des actions répétées et délibérés de Zelaya contre la Constitution et la règle de droit, le Ministre de la Justice a déposé une injonction à la Cour suprême le 25 juin pour demander son arrestation. Le lendemain, la Cour émit à l'unanimité un mandat d'arrêt contre Zelaya et a ordonné à l'armée de l'appliquer.

Cependant, quelque chose ne s’est pas passé comme prévu. Au lieu de l'arrêter, l'armée a désobéi aux termes du mandat d'arrêt de Zelaya, et l’a expulsé du pays. Ce fut une violation flagrante de la Constitution ; l'article 102 protège les citoyens de l’expulsion.

L'armée a affirmé qu'elle l’a fait afin d'éviter les affrontements avec les partisans de Zelaya, qui auraient pu tenter de prendre d'assaut les bâtiments où il aurait été détenu. Cela aurait pu donner lieu à des effusions de sang et à des morts tragiques.

Mais l'armée a agi illégalement, et le Bureau du Procureur général a déjà déposé une demande d’enquête concernant les officiers de l’armée ayant pris la décision d'expulser Zelaya. L'armée a déclaré qu'elle se plierait à toute décision de justice dans cette affaire.

Le président Obama a déclaré que ce « coup » était illégal, mais s'il avait lu la Constitution du Honduras — ou même si on lui avait fourni une brève analyse des détails du document —, il semble peu probable qu’il aurait maintenu une telle position aussi ferme.

Juan Carlos Hidalgo est le coordonnateur au Center for Global Liberty and Prosperity du Cato Institute pour l’Amérique Latine.